La Opinion, por Alejandro Cano
Fecha publicado: 21 de Marzo de 2017
El Concejo Municipal de Pomona dio por terminado ayer el Acuerdo Intergubernamental de Servicios entre el Servicio Federal de Estados Unidos y el Departamento de Policía de dicha ciudad —decisión que fue catalogada por la comunidad inmigrante como una victoria.
El acuerdo fue establecido entre ambas agencias el 31 de octubre de 2002 y permitía que la cárcel de la ciudad albergara a prisioneros federales, la mayoría residentes indocumentados, hasta que comparecieran ante un juez.
Por dicho servicio, el cual expiró ayer sin ser renovado, el gobierno federal reembolsaba 75 dólares por prisionero por día.
“Según nuestros cálculos la ciudad recibió 75,825 dólares en los últimos cinco años, una cantidad que no vale la pena tomando en consideración el daño que causa entre la población”, comentó Benjamín Wood, organizador y representante del Centro de Oportunidades Económicos de Pomona durante una conferencia de prensa.
El dinero era depositado en las arcas de la ciudad cuando un prisionero era remitido a la Agencia Antidrogas (DEA); o a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En una misiva dirigida al concejo y firmada por la administradora de la ciudad Linda Lowry, se lee que para no causar un debate público, es recomendable que el tema fuera tratado de manera administrativa, algo a lo que accedió el Concilio Municipal.
En un comunicado de prensa, el Concejo liderado por el alcalde Tim Sandoval reiteró a la comunidad el mensaje de que Pomona está comprometido para defender los derechos, seguridad y dignidad de todos los inmigrantes.
“No cooperaremos ni colaboraremos con las agencias federales que intentan hacer daño o socavar la relación decente y humana que tenemos con ustedes. Independientemente de los resultados electorales del pasado noviembre, debemos permanecer unidos, libres de miedo y recordarle a la gente que la diversidad es la fuerza y el fundamento de la nación”, indicó el comunicado.
“Pomona es su ciudad, su hogar y pueden estar seguros que continuaremos comprometidos en la protección de ustedes y sus familias”.
Según el Buró del Censo de los Estados Unidos, Pomona es hogar de alrededor de 154,000 habitantes, de los cuales alrededor del 70 por ciento son de origen Hispano.
Activistas aplauden fin de contrato
La decisión fue aplaudida por miembros de la comunidad y líderes comunitarios durante una conferencia de prensa llevada a cabo en las escalinatas del Ayuntamiento. Portando carteles que leían “Yo Soy Inmigrante y Trabajador”, “ICE Fuera de Pomona”, y “Si a la SB 54”, entre otros, los participantes dejaron en claro que continuarán luchando en contra de políticas “destructoras” contra los indocumentados.
Gabriela Cortez, coordinadora del grupo Gente Unida de Pomona, dijo ser testigo de cómo las políticas migratorias del presidente Donald Trump han generado miedo entre la comunidad inmigrante al grado de que muchas familias ya no quieren ni llevar a sus hijos a la escuela. Cortez añadió que esta decisión es una Victoria, pero hay mucho más que hacer.
En efecto, los grupos comunitarios recomendaron al Concejo que tome en cuenta la prohibición de operativos en conjunto entre la policía local y agentes migratorios, los cuales a pesar de su intención de arrestar a peligrosos individuos, siempre ocasionan daños colaterales. Además, los líderes comunitarios recomendaron que la ciudad debe proteger la identidad y debe dejar de compartir la información de los residentes con agencias federales.
“La ciudad no debe utilizar recursos locales para investigar, detener, reportar, asistir o arrestar a personas con propósitos migratorios y no debe entrar en contrato bajo la sección 287g de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, comentó Fernando Orozco, director ejecutivo del Centro Jornalero de Pomona. “La ciudad también debe asegurarse de ofrecer sus servicios y que sean accesibles a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio”.
Ciudad ‘santuario’
A finales del año pasado, el Concejo Municipal de Pomona se declaró simbólicamente ciudad “santuario”. Para Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las ciudades deben tomar acciones reales y no simbólicas.
Alvarado dijo que esta victoria es similar a la obtenida en la ciudad de Pasadena en donde se tuvo que someter una petición de información para dar a conocer a la comunidad la existencia del acuerdo entre la municipalidad y el gobierno federal.
“Iremos a mas ciudades porque estamos seguros que muchas, si no todas, tienen acuerdos similares”, comentó Alvarado.
La comunidad también aprovecho para hacer campaña a favor de la propuesta de ley estatal SB 54, la cual restringiría el uso de recursos locales y estatales para realizar redadas migratorias. La propuesta SB 54, es considerada la propuesta más anti-Trump de la nación. La medida aún está siendo debatida en la legislatura estatal.