POR: ALEJANDRO CANO
31 DICIEMBRE 2017
Publicado por La Opinion
Esta ciudad no esperó a 2018 para proteger a los migrantes
Entre risas, abrazos y regalos, la comunidad jornalera del área de Pomona celebró las fiestas navideñas en medio de una frágil tranquilidad.
El típico pozole y champurrado caliente, hicieron que a los asistentes se les olvidara —por un momento— su situación migratoria. No hubo tiempo para tristezas, tenían mucho por qué brindar.
En efecto, la comunidad inmigrante de la zona se adjudicó el pasado 18 de diciembre una victoria que sabe a gloria luego que el Concejo Municipal de Pomona aprobara una ordenanza que garantiza el acatamiento de la nueva ley SB 54, conocida también como Estado Santuario.
“Ahora podemos respirar un poco de tranquilidad, llevar a nuestros hijos a la escuela y al doctor sin tener miedo de ser detenidos no más porque sí. Ahora la policía local ya no podrá actuar como inmigración. Ya tenemos protección”, comentó Sandra Dimas, de 44 años de edad.
Según el Concejo de Pomona, liderado por el alcalde Tim Sandoval, la ordenanza aprobada de manera unánime garantiza que la política municipal siga en conformidad con la ley estatal, en particular sobre el requisito establecido bajo la ley SB 54 de que las ciudades no participen en propósitos de inmigración, con excepción de circunstancias específicas.
Pomona se adelantó así al beneficio que los californianos gozarán desde el 1 de enero de 2018, fecha cuando entra en vigor la llamada Ley de Valores de California, firmada por el gobernador Jerry Brown en octubre pasado.
La ley estatal prohibirá que las agencias locales utilicen sus recursos para cumplir leyes federales que incluyen: investigación, interrogación y detención de personas indocumentadas.
Además, requerirá que los departamentos de policía brinden un informe anual al Departamento de Justicia. Por su parte, la ordenanza de Pomona requiere que el administrador municipal envié un reporte similar al Concejo Municipal.
Para Jorge Dimas, de 23 años e hijo de Sandra, la nueva ley protege de algún modo al inmigrante y le permite llevar una vida apacible, siempre y cuando la persona no cometa algún delito.
El joven, que arribó a EEUU en brazos de sus padres a los 8 meses de edad y hoy trabaja en construcción, dijo tener sentimientos encontrados.
“Por una parte nos garantizan protección pero por otra tenemos un presidente que parece no respetar a las familias. Veremos si las autoridades respetan la ley”, señaló.
En efecto, la ley ofrece ciertas garantías; sin embargo, no evita que las personas puedan ser deportadas o procesadas en caso de haber cometido algún delito mayor.
La lista de estas faltas, que pueden poner a una persona en proceso de deportación, incluyen: asalto, agresión física, crímenes sexuales, fraude migratorio y económico, obstrucción de justicia, contrabando de armas o drogas, crímenes relacionados con pandillas y lavado de dinero, entre otros.
Según datos del Instituto de Política Migratoria (MPI), en California radican cerca de 3,019,000 personas y 979,000 viven en el condado de Los Ángeles. Además, alrededor de 275,000 personas indocumentadas radican en la región de Inland Empire.
Cruz Martínez, de 47 años de edad y oriunda de Sinaloa, es una de casi 11 millones de residentes indocumentados en el país. Ella, que tiene 31 años de no visitar su tierra y que tampoco pudo acudir al funeral de su padre, tiene la esperanza de obtener la tarjeta verde en los próximos meses.
“Mientras eso pasa, todo puede pasar. Con este presidente ya no sabemos, no podemos estar del todo tranquilos. Por suerte que nosotros tenemos un Concejo que nos entiende”, comentó Martínez, madre de tres hijos.