Publicado por Hoy Los Angeles
Escrito por Selene Rivera
1 de marzo, 2018
En medio de la frustración, tristeza y fe, varios activistas comunitarios y la familia de Marcelina Ríos, le piden a las autoridades de inmigración no expulsar de este país, a una madre de familia.
Este jueves, una moción para reabrir el caso de deportación de Ríos, fue presentada luego de haber sido arrestada por agentes del Sheriff de San Bernardino, por venta ambulante no autorizada y transferida a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La mujer, madre de cinco hijos ciudadanos estadounidenses,actualmente se encuentra detenida en el centro de detención de Adelanto, dos horas al noreste de Ángeles, de donde vive su familia.
De acuerdo a su abogada, Emi MacLean, Ríos fue arrestada el 13 de octubre por vender elotes en la ciudad de Rancho Cucamonga, en el condado de San Bernardino, pero solo fue liberada para quedar bajo la custodia de los agentes federales.
Ríos ha permanecido más de cuatro meses detenida, y separada de sus cinco hijos de entre dos y 19 años de edad. Su hija, de 17, tiene necesidades especiales y necesita la ayuda de su madre, dijo MacLean, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (Ndlon).
Saturnino Rosas, esposo de la detenida, imploró ante ICE darle una oportunidad a la inmigrante.
“Desde que se fue, las cosas en el hogar han sido muy difíciles. Aquí en este país ya llevábamos viviendo 21 años. Ella nunca ha tenido problemas con la ley, sus amistades y sus hijos la quieren mucho. En la Navidad, mi hijo más pequeño la buscaba”, dijo Rosas.
“Anteriormente el sheriff ya le había dado dos advertencias, por vender en la calle, pero en esta ocasión se la llevaron”, sostuvo Rosas, quien también es vendedor ambulante.
Roberto, hijo mayor de la detenida, agregó que su hermanito ya no reconoce a Ríos como su mamá.
“Es muy doloroso ver eso, porque mi mamá sufre y mi hermana quien la necesita también. Queremos que esta pesadilla se termine ya”, demandó el joven.
Desde el centro de detenciones, Roberto enfatizó que cada día en ese lugar es una lucha para ella, pero que se siente más “fuerte al saber que afuera hay gente peleando su caso”.
Su abogada sostiene que la orden de deportación fue hecha después de una audiencia breve, en diciembre ante un juez.
La detenida solamente tuvo 30 minutos con su abogada, para pelear el caso y ni siquiera se le permitió mostrar evidencia, que pondría en riesgo su vida de ser deportada, indicó MacLean.
“Le pedimos a la corte que considere la evidencia y le permita a Ríos permanecer en este país con sus hijos”, agregó.
Una vocera de ICE, por su parte, dijo que Ríos fue sometida a una serie de preguntas que los agentes de inmigración le hicieron cuando salió del centro de detención de Rancho Cucamonga, una cárcel del sheriff.
Varios vendedores ambulantes, representantes del clero y organizaciones como Ndlon y el Centro de Oportunidades Económicas de Pomona (PEOC), se reunieron a la hora de entregar la moción para apoyar a la familia.
“La familia se acercó a nosotros para pedir ayuda y nosotros tuvimos que entrar en acción”, dijo Benjamín Wood, organizador comunitario del Centro de Jornaleros de Pomona.
“Ríos no estaba robando, no tiene historial de delincuencia y no tiene porqué estar detenida. Nuestra meta es la aceptación de la petición para que ella pueda pelear su caso desde su hogar con su familia”, acotó Wood.
El senador Ricardo Lara, quien ha introducido el proyecto de ley SB-946, para proteger a los vendedores, dijo que “California le debe arreglar nuestras leyes rotas, a nuestros vendedores, que convierten a la gente trabajadora en criminales”.