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La ‘Migra’ anda suelta en Inland Empire

 

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El placentero sueño de varias familias centroamericanas fue interrumpido abruptamente la madrugada del jueves 4 de agosto cuando agentes de inmigración, acompañados de policías locales y representantes del Departamento de Motores y Vehículos de California, realizaron un cateo en cinco apartamentos de Pomona y Montclair.

Para cuando el alba rayó, las autoridades habían arrestado a 12 originarios de Protección Santa Bárbara, Honduras—quienes emigraron a Estados Unidos hace varios años escapando de la imperante ola de violencia en su país.

“Entraron tumbando la puerta, nos apuntaron con armas, nos obligaron a salir y esperar por horas en el frío de la madrugada sin importarles que teníamos niños. Se llevaron celulares, dinero, vehículos y varias pertenencias personales sin decirnos porque. Nos trataron como animales y hasta lastimaron a varias personas”, comentó Elba Bonilla (nombre ficticio para proteger su identidad), cuyo esposo fue detenido.

Familiares de personas detenidas dicen temer por la vida de sus seres queridos si regresan a Honduras. /ALEJANDRO CANO, Especial para La Opinión
Familiares de personas detenidas dicen temer por la vida de sus seres queridos si regresan a Honduras. /ALEJANDRO CANO, Especial para La Opinión

Organizaciones proinmigrantes en la región de Inland Empire exigen la inmediata liberación de siete personas que continúan detenidas en los centros de detención Theo Lacey y James Musick en el Condado de Orange.

“Esto no fue un operativo, esto fue una redada y exigimos la inmediata liberación de los hermanos hondureños”, indicó Emilio Amaya, director ejecutivo del centro de servicios comunitarios de San Bernardino. “Básicamente se trató de una redada donde se llevaron a las personas que encontraron”.

Durante una conferencia de prensa realizada en el centro jornalero de Pomona el viernes por la mañana, Amaya demostró preocupación ya que en la redada participaron elementos del DMV y policías locales, aseguraron los inmigrantes. Dicha participación va en contra de las agencias del orden locales que intentan aumentar la confianza entre la comunidad, añadió Amaya.

Irregularidades

Activistas de la Red de Respuesta Inmediata de Inland Empire, el centro jornalero de Pomona, la Coalición de Jóvenes Inmigrantes de Inland Empire y la Coalición de Justicia para el Inmigrante (ICIJ), denunciaron que las autoridades cometieron varias irregularidades durante el operativo.

Las familias fueron provistas con una fotocopia de una orden de cateo que contenía vaga información, sin una dirección específica, y que además no  entregaron a las familias un recibo por las pertenencias confiscadas, dijeron los activistas.

“Esto es un atropello, un abuso total de las autoridades participantes que supuestamente buscaban criminales y que sin tener ninguna información segura actuaron y maltrataron a estas familias inmigrantes como si fueran criminales que han cometidos delitos mayores. Se llevaron sus pertenencias sin dejar un listado, las pocas cosas que estas familias han adquirido se las llevaron”, denunció Julio Marroquín, representante de ICIJ.

Pese a que algunos de los detenidos cuentan con órdenes de deportación vigente, las autoridades deben liberarlos ya que no contaban con órdenes de arresto, añadió Marroquín.

El padre de este niño fue detenido y enfrenta una deportación. /ALEJANDRO CANO, ESPECIAL PARA LA OPINION
El padre de este niño fue detenido y enfrenta una deportación. /ALEJANDRO CANO, ESPECIAL PARA LA OPINION

En los últimos meses, las autoridades migratorias han intensificado la búsqueda de indocumentados centroamericanos que llegaron al país después del 1 de enero de 2014, incluyendo los siete detenidos.

Marroquín hizo hincapié en que si son deportados serían enviados a una muerte segura a manos de grupos pandilleriles que dominan la región centroamericana. En efecto, Johana, la esposa de un detenido, dijo que su padre y hermano fueron asesinados por “mareros” en Honduras hace varios años mientras iban camino al cultivo.

Según datos del gobierno de Honduras, en el 2011 se registraron 7,101 homicidios de manera violenta mientras que en 2015 se registraron 5,092, lo que equivale al 27 por ciento de reducción. Eso se debe a los esfuerzos entre el gobierno de Honduras y Estados Unidos por desarticular carteles de la droga y grupos delictivos.

Pese a los esfuerzos, el peligro es latente, añadieron los activistas.

Algunos detenidos ya fueron liberados

Presentes en la conferencia estuvieron “Edgar” y “Luis” Hernández, dos jóvenes que fueron detenidos durante la redada y que fueron puestos en libertad bajo palabra. “Edgar” porta un grillete y deberá presentarse a firmar en las oficinas de inmigración de Los Ángeles cada dos semanas.

“Lo primero que pasó por mi mente fue la deportación, regresar al lugar de donde escapamos para salvar nuestras vidas. Le pedimos al gobierno que deje libres a nuestros amigos y familia ya que regresar a Honduras significaría la muerte”, comentó “Edgar”, de 21 años.

“Luis” Hernández denunció el nivel de agresividad empleado por las autoridades durante el operativo, al grado de causarle heridas en la rodilla. El tiene nueve años de estar en el país y dijo no ser criminal para que fuera tratado de esa manera.

Mientras tanto, Kenneth López, un niño de 8 años, llora la ausencia de su padre Heber, empleado de construcción que fungía como único soporte familiar.

“No quiero que deporten a mi papá, si lo hacen me va a doler mucho. Le pido al gobierno y al presidente Obama que detenga la deportación”, dijo el pequeño entre lágrimas.

Los activistas dijeron que pese a que se confiscaron documentos falsos durante la redada, utilizados con el propósito de buscar empleo, ningún detenido cuenta con historial delictivo. Las organizaciones han lanzado una petición para detener las deportaciones y una campaña de asistencia humanitaria para beneficio de las familias.

Mientras tanto, el departamento de policía de Pomona no contestó a llamadas de La Opinión. El departamento de policía de Montclair estaba cerrado el viernes y no hubo ningún representante disponible para contestar preguntas.

Virginia Kice, portavoz de la Oficiina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo a La Opiniónvía correo electrónico que los operativos fueron realizados en conjunto con agencias estatales y locales como parte de una investigación criminal. Kice añadió que debido a que ICE no está encargado del operativo no puede brindar más información y refirió a este reportero al DMV, agencia que no había contestado llamados de La Opinión hasta el cierre de edición.

Por su parte, el DMV indicó en un comunicado que “el 4 de agosto, agencias del orden, incluyendo investigadores del Departamento de Motores y Vehículos ejecutaron seis órdenes de cateo como parte de una investigación que tiene que ver con una operación de documentos falsos y otros posibles crímenes. La participación del DMV no estaba conectada, de ninguna manera, con el estatus migratorio de los sospechosos”.

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