Una fianza la hace volver a los brazos de su familia luego de ser detenida por ICE tras acumular multas por venta ambulante
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12 de abril
Tras seis meses en detención, Marcelina Ríos —una vendedora ambulante que fue detenida en la ciudad de Rancho Cucamonga en 2017— salió esta noche en libertad tras pagar una fianza de 1,500 dólares.
A Ríos, madre de cinco hijos estadounidenses —una de ellas con discapacidad— le fue concedido el derecho a fianza tras una audiencia con el juez Iam Simons en el Centro de Detención de Adelanto, ubicado en la zona desértica del condado de San Bernardino.
“Nunca me imaginé que vender elote en la calle me alejaría de mi familia y me pusiera a un paso de la deportación. Ha sido muy difícil estar alejada de mi familia por tanto tiempo. No puedo olvidar que aún hay mucha gente detenida”, comentó Ríos momentos antes de ser liberada.
Al salir, alrededor de las 9:00 p.m. de este jueves agradeció a Dios y al equipo legal “que nunca bajaron los brazos y nunca perdieron la fe”.
“Es horrible estar adentro [encerrada]. Por fin puedo abrazar a mis hijos otra vez. Dios los bendiga a todos por el apoyo”, agregó. Mientras que su hijo Saturnino Rosas, de 19 años, señaló que todo este tiempo vivido para la familia fue muy difícil. “No se lo deseo a nadie”.
La mujer, oriunda del Guerrero (México), uno de los estados más azotados por el crimen organizado, fue detenida el pasado 13 de octubre por vender su producto sin el requerido permiso de manera reincidente. Debido a que Ríos había sido multada en tres ocasiones anteriores, la cuarta multa convertía la infracción en un delito menor.
Ella fue trasladada el centro de detención West Valley de Rancho Cucamonga y liberada dos horas después; sin embargo a la salida fue detenida por agentes migratorios ya que en su historial apareció una orden de deportación pendiente.
Apoyo y argumento legal
La familia Ríos, que reside en Ontario, saldó la fianza gracias al apoyo monetario obtenido a través de la página YouCaring.com, la cual hasta el día de ayer había recaudado 4,517 dólares.
Uno de los argumentos utilizados por su representación legal fue el hecho de que Ríos es mamá de una joven con discapacidad cerebral y que su pueblo natal en Guerrero había sido tomado por un cártel organizado.
Deportarla representaba un riesgo a su integridad física y moral, se indicó.
A principios de febrero, su defensa legal logró detener la deportación en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito; sin embargo su futuro era incierto. Ríos ahora intentará recuperar el tiempo perdido.
Emi MacLean, abogada de la Red Nacional de Jornaleros, dijo que la cooperación policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “crea consecuencias totalmente desproporcionadas para delitos menores” que a menudo nunca debería haber sido criminalizado en primer lugar.
“Marcelina ha sido liberada, pero los efectos hacia su persona y familia continuarán. Debemos luchar contra la criminalización excesiva, contra el exceso de vigilancia, y contra la colaboración policía-ICE”, dijo MacLean, abogada defensora de Ríos.
Actualmente, muchas jurisdicciones en California prohíben o severamente restringen la venta ambulante y aquellos que infringen el código encaran sanciones penales.
Como resultado, decenas de miles de personas de bajos recursos e inmigrantes empresarios encaran la amenaza de enjuiciamiento solo por intentar proveer a sus familias.
“Son casos como los de la señora Ríos que me motivaron a crear la propuesta SB 946, el Acta de Venta Segura en la Acera, para despenalizar la venta ambulante”, comentó el senador estatal Ricardo Lara, (D-Bell Gardens).
La propuesta fue presentada el 29 de enero y actualmente es analizada por el Comité de Gobierno y Finanzas del Senado de California.
La próxima audiencia está pactada para el 18 de abril en dicho Comité. De ser aprobada, la propuesta alentaría a las localidades a adoptar regulaciones de venta que cumplan con los estándares de seguridad y oportunidad justa.
Doug Smith, abogado del consejo público y miembro de la campaña de vendedores ambulantes de Los Ángeles, mostró solidaridad con la familia Ríos y dijo que las políticas que criminalizan la venta ambulante “no tienen cabida en una California inclusiva y equitativa”.
Mientras el estado adopta políticas más amigables para los vendedores ambulantes, el Centro de Oportunidades Económicas de Pomona (PEOC), recomienda a estos vendedores estar preparados para actuar si se topan con la policía.
“Para eso, el centro creó hace 10 años un programa que brinda las herramientas necesarias para liderar con casos similares al de Ríos”, dijo Benjamín Wood, organizador y representante del centro jornalero de Pomona.
“Los trabajadores inmigrantes de Rancho Cucamonga han sufrido por mucho tiempo las amenazas, abusos e intimidación. Estamos comprometidos a ver este caso, así como esta lucha más amplia, a través de una resolución justa”, añadió Wood..